ALIANZAS RECLAMA EN FIN DE LA DESINDEXACIÓN EN EL CONGRESO
Se ha presentado este lunes 1 de junio en el Congreso de los Diputados la patronal AlianzAS, una entidad empresarial que representa a los denominados servicios esenciales, entre los que se incluyen la limpieza, la seguridad, los cuidados y otros sectores que engloban a 1,5 millones de trabajadores.
En la apertura de este foro «El valor de lo esencial», el presidente de alianzAS, Javier Sigüenza, ha subrayado el impacto que tiene en las empresas de servicios las subidas del SMI o la normativa que se prepara sobre la absorción y compensación de pluses.
Ha estado en este foro la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz (Foto de portada de ABC), quien ha aprovechado para reivindicar el fin de las normas de desindexación, que impiden a estas empresas repercutir a la administración los costes sobrevenidos en las licitaciones que firman (como las subidas del salario mínimo)
Esto se traduce en que las compañías que prestan servicios públicos esenciales, tras su adjudicación por parte de la Administración, se ven obligadas a asumir sobrecostes derivados de situaciones sobrevenidas o de factores exógenos, algo que dificulta su supervivencia en el escenario inflacionista de los últimos años, al que también se añaden las consecuencias de decisiones del Gobierno.
Un claro ejemplo de lo anterior es el incremento del SMI, que desde 2018 ha aumentado un 66%. “Estoy segura de que en el cole de mi hija o en muchos otros servicios públicos se sorprenderían si supiesen que su licitación permanece igual con cada subida del salario mínimo que yo hago”, reconoció la ministra a los representantes de las adjudicatarias presentes en el Congreso.
En más de una ocasión, los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, han pedido remediar este contexto normativo que perjudica a los trabajadores de los servicios esenciales, así como a los usuarios de los mismos y a los familiares de estos últimos.
De la misma opinión se ha mostrado la patronal CEOE,, que estuvo representada en el Congreso por su presidente, Antonio Garamendi.
El presidente de CLECE, Cristóbal Valderas ha indicado a este medio: si las empresas, los sindicatos e incluso parte del Gobierno coinciden en los efectos perniciosos de esta normativa, es urgente derogarla o modificarla.
En el Congreso se ha visto que el consenso político para acometer un cambio en la normativa es amplio. Representantes del PP, de Vox y del PSOE han admitido la necesidad de cambiar la ley para permitir que los contratos puedan adaptarse a las mejoras salariales que se consigan tanto en la negociación colectiva como en la regulación, sin comprometer la ejecución de los contratos”
La vicepresidenta segunda entre otros comentarios y reclamaciones, ha demandado que se aplique la directiva europea de IVA franquiciado, que permitiría que los autónomos y empresas con facturación pequeña no estén obligados a repercutir IVA.
José Manuel Dolader
