MISMO TRABAJO, MÁS COSTES Y MENOS INGRESOS
Cristóbal Valderas, presidente de CLECE y Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid y socio consultor de la consultora Empatía, analizan los retos de los servicios públicos esenciales.
“Urge financiar adecuadamente la Ley de Dependencia para prestar unos cuidados de calidad a las personas que así lo requieren y garantizar unas buenas condiciones laborales de los profesionales del sector”. Esa fue una de las principales conclusiones del debate celebrado este miércoles 26 entre Cristóbal Valderas y Alberto Reyero.
En el encuentro, organizado por el periódico madridiario.es, el presidente de CLECE expuso de manera clara el contexto que rodea a las empresas que prestan servicios públicos esenciales de la Administración, que en los últimos años han tenido que hacer frente a la confluencia de varios factores ajenos a su gestión. Entre otras circunstancias, Cristóbal enumeró una subida del IPC del 20% desde enero de 2020, un incremento del SMI del 60,9% con respecto a 2018 o un aumento de las cargas sociales debido al Mecanismo de Equidad Intergeneracional. “Todo ello sin posibilidad de actualizar los precios de los contratos públicos por la Ley de Desindexación, una normativa anacrónica, propia de tiempos de recortes, que perjudica a las compañías adjudicatarias de servicios esenciales, así como a los trabajadores que los prestan y a los usuarios”, afirmó el señor Valderas.
De la misma opinión se mostró Reyero, que destacó que la Ley de Desindexación “no tiene sentido en el sector social”, hasta el punto de que para las pequeñas empresas que trabajan con la Administración les supone un “agujero en su propia economía que puede significar su desaparición”.
Ambos contertulios coincidieron en que la Administración Pública debe dedicar esfuerzos a cubrir las necesidades de un servicio esencial como el SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio), que, tal y como apuntó Cristóbal Valderas, resulta especialmente relevante en las poblaciones de menos de 20.000 habitantes, donde a veces es la principal o incluso única industria. “¿Cómo vamos a dedicar una atención adecuada y de alto nivel a las personas mayores y dependientes si invertimos en dependencia la tercera parte que otros países de nuestro entorno?”, se preguntó Reyero.
En España se dedica el 0.8 % del PIB a los cuidados y en Europa un 1.6% y los responsables políticos no se han preocupado por crear unas condiciones salariales y laborales dignas para los trabajadores.
En este sentido, Cristóbal Valderas recordó que la inversión en cuidados también se traduce en generación de empleo. Por ejemplo, por cada millón de euros de inversión pública en atención a la dependencia se crean 41 empleos directos. Si esos profesionales se seleccionan entre personas en paro, supondría un ahorro anual en prestaciones por desempleo de 574.000 euros. Teniendo en cuenta que, además, el 41,7% de la inversión en dependencia revierte nuevamente a las arcas públicas a través de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, con cada millón de euros se obtendría un retorno de 417.000 euros que sumados a esos 574.000 de ahorro en prestaciones por desempleo haría que esa financiación pública se recuperara prácticamente al 100%.
Ante la infrafinanciación de la Ley de Dependencia, Cristóbal Valderas apuntó algunas posibles soluciones para solventar la frustración generada por esta normativa, al no haber resuelto las expectativas que levantó en su día:
– La conveniencia de firmar un Pacto de Estado por la dependencia, es decir, que todo el sector acuerde unos principios incuestionables que garanticen, a largo plazo, un firme compromiso con las personas mayores y dependientes, sin importar quién gobierna en cada momento en el país y en cada comunidad autónoma.
– Recordar a la Administración Central del Estado el compromiso que adquirió cuando se promulgó la Ley de Dependencia, es decir, financiar el 50% del coste de los cuidados, un porcentaje que actualmente es del 39%.
– Compensar la infrafinanciación por parte de la Administración Central trasladando al ámbito de los cuidados otras partidas presupuestarias que para los usuarios no suponen un cambio notable, como las pensiones de viudedad. En este sentido, en 2023 el aumento de la pensión de viudedad fue de 66 euros. Conociendo la situación que atraviesan las personas mayores que necesitan atención y que se enfrentan a la soledad no deseada, muchas de ellas hubieran renunciado a esos 66 euros si a cambio les hubieran ofrecido más horas del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) al que tienen derecho.
-Derogar o modificar normativas que no ayudan al sector, como la Ley de Desindexación, que genera incertidumbre a la hora de presentar ofertas a las licitaciones públicas para la gestión de los diferentes servicios del ámbito de los cuidados.
Finalmente, durante una de sus intervenciones, Alberto Reyero quiso destacar el papel de la colaboración público-privada en la prestación de los servicios esenciales. “La Administración debería considerar a empresas como Clece, con las que trabaja conjuntamente, como unos socios con los que tiene que establecer una firme relación de confianza. Se ha tendido demasiado al sistema del mejor postor, a la subasta, lo cual es un completo error frente al compromiso de las empresas que presentan proyectos con garantía y sostenibles en el tiempo”, afirmó el exconsejero.
Ana Lancho
